El gobierno indio defendió ante la Corte Suprema el reciente nombramiento del Comisionado Electoral, rechazando cualquier duda sobre la imparcialidad del proceso. Argumenta que no hay motivos para cuestionar al Primer Ministro en relación con la decisión. La defensa se produce en respuesta a peticiones que impugnan la legalidad del nombramiento. El gobierno enfatizó la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución. Afirma que el nombramiento se realizó siguiendo las normas y regulaciones aplicables. La Corte Suprema ahora revisará los argumentos de ambas partes y determinará la validez del nombramiento del Comisionado Electoral. Este caso ha generado debate público sobre la independencia de las instituciones electorales en India.