Inspectores de la Dirección General contra el Fraude Fiscal (DGAF), dependiente de la Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF), descubrieron una granja de criptomonedas en Satu Mare. El centro operaba de manera clandestina en un edificio abandonado, realizando actividades de minería de forma sistemática y no declarada. En el lugar se identificaron más de 400 equipos especializados diseñados para el procesamiento de datos. Estas máquinas funcionaban permanentemente, lo que generaba un consumo eléctrico extremadamente elevado. Dicho gasto energético fue la clave que permitió a las autoridades detectar la actividad irregular. La operación pone fin a una explotación económica que evadía los controles fiscales del Estado. Actualmente, las autoridades analizan la magnitud del fraude cometido.