Las autoridades checas se enfrentan a miles de construcciones ilegales cada año, pero solo ordenan la demolición en alrededor del 10% de los casos. A pesar de las órdenes, los propietarios a menudo resisten la demolición, recurriendo a acciones legales e incluso obstrucciones físicas, como bloquear el acceso con vehículos. Un ejemplo reciente es el de una cabaña de pesca sin permiso en Ostružná, cuya demolición se retrasó debido a esta táctica. El año pasado, se resolvieron 5240 construcciones ilegales, pero solo se ordenó la demolición de 607. La mayoría de las estructuras restantes fueron legalizadas posteriormente. Expertos legales celebran una tendencia reciente hacia un endurecimiento de las medidas por parte de las autoridades, incluyendo el uso de ejecutores judiciales. La situación demuestra la complejidad de hacer cumplir las regulaciones de construcción y los desafíos que enfrentan las autoridades en la gestión de este problema.