La reciente campaña de detenciones y deportaciones llevada a cabo bajo la administración de Donald Trump está generando consecuencias económicas significativas en los Estados Unidos. Específicamente, se ha observado un aumento en los precios de bienes y servicios, fenómeno que se ha denominado “impuesto del ICE”. Este incremento se debe a la reducción de la fuerza laboral disponible, particularmente en sectores que dependían de trabajadores inmigrantes. La disminución de la mano de obra impacta directamente en los costos de producción y, por ende, en los precios finales para el consumidor. Además de los precios, se reportan efectos negativos en la disponibilidad de empleos y en el mercado de la vivienda, debido a la incertidumbre y el miedo en las comunidades afectadas por las deportaciones. La situación plantea desafíos económicos y sociales considerables para diversas regiones de los Estados Unidos.