Tres jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) han presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por las sanciones impuestas el año pasado en respuesta a decisiones judiciales del tribunal. Estas sanciones, que incluyen restricciones financieras y de visado, son consideradas ilegales por los jueces. La CPI investiga crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, y los jueces involucrados habían participado en investigaciones sobre acciones de israelíes y estadounidenses, incluyendo órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Netanyahu y pesquisas sobre personal estadounidense en Afganistán. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI y argumenta que no tiene autoridad para juzgar a sus ciudadanos o aliados. El gobierno estadounidense califica las acciones de la CPI como una violación de su soberanía y seguridad nacional, justificando las sanciones como una respuesta a una “emergencia”. Estas sanciones restringen el acceso de los jueces a sus bienes en EE.UU. y les impiden realizar transacciones con empresas estadounidenses.