Una investigación revela que el gobierno de Orbán asignó secretamente al menos 1.360 millones de euros de fondos públicos en los meses previos a las elecciones de abril. Esta asignación de recursos se realizó de manera discreta, generando interrogantes sobre la transparencia del proceso. La investigación sugiere una posible intención de influir en el resultado electoral mediante el uso de fondos estatales. El monto total podría ser incluso mayor, según las fuentes consultadas. Esta práctica plantea preocupaciones sobre la ética y la legalidad del financiamiento político en Hungría. La asignación se produjo en un momento crítico para el gobierno, enfrentando una fuerte competencia electoral. Se espera que este hallazgo genere debate y escrutinio sobre las finanzas públicas y el comportamiento del gobierno.