El Gobierno español presenta los decretos de vivienda al Congreso de los Diputados en un momento crítico de la legislatura. La iniciativa se describe como una “apuesta” arriesgada pero necesaria para alcanzar los objetivos finales del mandato. Tanto Podemos como Junts han advertido al gobierno sobre su intención de marcar un posicionamiento claro durante el debate parlamentario. La aprobación de estos decretos no está garantizada, generando incertidumbre sobre su impacto final en la política de vivienda de España. El debate en el Congreso se anticipa intenso, con posibles modificaciones o incluso la caída de los decretos. La fase final de la legislatura se presenta, por lo tanto, crucial para el futuro de la regulación habitacional en el país.