Un juez federal dictaminó a favor de empresas tecnológicas y grupos de defensa de los inmigrantes, anulando una tarifa de $100,000 impuesta a las visas H-1B. Esta tarifa, implementada durante la administración Trump, afectaba a empleadores que buscaban contratar trabajadores altamente calificados en áreas como tecnología e ingeniería. El fallo argumenta que la administración anterior no tenía la autoridad legal para establecer dicho cargo. La decisión es de alcance nacional y beneficia a las empresas que dependen de la visa H-1B para cubrir puestos especializados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había justificado la tarifa como una forma de financiar el programa de capacitación de trabajadores estadounidenses, pero el tribunal consideró que esta justificación era inválida. Se espera que la anulación de la tarifa impulse la contratación de talento extranjero en Estados Unidos. La decisión podría ser apelada por el gobierno actual.