La Fiscalía de Delitos Administrativos ha solicitado formalmente la remoción de la inmunidad del juez Fredy Orellana. Este pedido se produce después de que Orellana fuera sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, aunque las razones específicas de las sanciones no se han divulgado públicamente. El Ministerio Público (MP) no ha proporcionado detalles sobre el caso o los posibles delitos que justifican esta solicitud. La medida podría permitir la investigación y posible enjuiciamiento del juez por parte de las autoridades competentes. La falta de transparencia del MP sobre los motivos de la petición ha generado interrogantes sobre el alcance de las acusaciones. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles al respecto. La situación plantea un debate sobre la independencia judicial y la rendición de cuentas.