La mayoría gubernamental griega ha sido criticada por su comportamiento autoritario, confirmando acusaciones de tendencias antidemocráticas. El caso de Helena Akrita ha expuesto una falta de sensibilidad institucional y un desprecio por las normas parlamentarias. La decisión tomada por el gobierno se percibe como una represalia y un ataque a la independencia judicial. Este incidente ha generado una fuerte condena por parte de la oposición y observadores políticos. Se argumenta que la acción del gobierno vulnera los principios básicos del estado de derecho. La situación pone en tela de juicio el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. Este episodio refleja una creciente preocupación por la erosión de las instituciones democráticas en Grecia.