Organizaciones del sector turístico en Grecia, como Stama y POMIDA, han manifestado su descontento con una nueva disposición incluida en un proyecto de ley relacionado con los alquileres vacacionales a corto plazo, como Airbnb. La normativa introduce requisitos más estrictos para la obtención y mantenimiento de licencias de funcionamiento para este tipo de alojamientos. La controversia se centra en cómo la nueva ley afecta a las propiedades obtenidas por herencia o donación, generando incertidumbre sobre su legalidad. Las asociaciones argumentan que la medida podría reducir significativamente la oferta de alquileres vacacionales y perjudicar al turismo. Se teme que la aplicación de la ley sea compleja y genere problemas administrativos para los propietarios. El gobierno defiende la regulación como necesaria para controlar el mercado y proteger la vivienda habitual.