El gobierno de Laura Fernández ha detenido el avance de un proyecto de reforma crucial para acelerar los juicios penales, a pesar de sus constantes críticas sobre la lentitud del sistema judicial. Esta decisión contradice las declaraciones oficiales que denuncian la ineficiencia en los procesos. La reforma, considerada clave para descongestionar los tribunales y garantizar un acceso más rápido a la justicia, permanece sin ser convocada para su discusión y aprobación. Expertos legales expresan preocupación por esta paradoja, señalando que la reforma podría proporcionar las herramientas necesarias para abordar los problemas que el gobierno identifica. La congelación del proyecto genera interrogantes sobre las prioridades del ejecutivo y su compromiso real con la mejora del sistema judicial. La falta de acción podría perpetuar los retrasos y la impunidad en los casos penales.