Keiko Fujimori ha solicitado facultades legislativas para modificar el Código Penal, la ley contra el crimen organizado y otras siete normas penales. Sin embargo, la solicitud y su justificación carecen de detalles específicos sobre los cambios que se pretenden realizar. Esta falta de precisión ha generado críticas, ya que se considera que la iniciativa es genérica y ambigua. La oposición exige claridad sobre las reformas propuestas antes de otorgar las facultades solicitadas. Existe preocupación de que estas modificaciones puedan ser utilizadas para fines políticos o para beneficiar a ciertos individuos. La vaguedad de la solicitud dificulta un debate informado y transparente sobre las implicaciones de las reformas. Analistas señalan la importancia de un análisis detallado antes de aprobar cualquier cambio legal de esta magnitud.