La exdirectora de Inspección Laboral acusó a Alexander Astorga, actual jefe de despacho de la presidenta Laura Fernández, de un presunto nombramiento irregular. Este presunto acto ilícito habría ocurrido cuando ambos funcionarios trabajaban en el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Chaves. La acusación plantea preguntas sobre la ética y transparencia en nombramientos gubernamentales pasados. Astorga, por su parte, aún no ha respondido a las acusaciones. La situación podría generar tensiones políticas y una investigación formal. Este caso resalta la importancia de la revisión de procesos de contratación dentro de la administración pública.