Los forestales expresan su frustración ante una regulación ambiental percibida como paralizante, la cual combinan directivas europeas, normas superpuestas y decretos prefecturales. Argumentan que esta complejidad dificulta la gestión forestal y la prevención de incendios. Esta situación ha generado un conflicto ideológico con los ecologistas, quienes abogan por una mayor protección del medio ambiente, incluso si eso implica restricciones a la actividad forestal. El debate se centra en el equilibrio entre la protección de los bosques y la prevención de riesgos de incendios. Los profesionales del sector forestal denuncian que la excesiva burocracia impide la realización de trabajos de desbroce necesarios para disminuir el combustible disponible para los incendios. La situación pone de manifiesto una discordancia entre las normas y la realidad sobre el terreno. Se necesita un replanteamiento de la regulación para facilitar una gestión forestal más eficaz y adaptada a los riesgos de incendio.