El 12 de junio entró en vigor el Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea, lo que implica cambios significativos en la política migratoria española. Como consecuencia, España ha suspendido la concesión y renovación de estatutos de residencia temporal por razones humanitarias y protección internacional. Esta medida afecta principalmente a los venezolanos, quienes desde 2018 se han beneficiado de este mecanismo especial. Más de 240.000 venezolanos han obtenido este tipo de permiso en los últimos años. La nueva normativa europea busca un enfoque más restrictivo en la gestión de flujos migratorios y la protección de refugiados. Se espera que la implementación de este pacto genere incertidumbre entre los solicitantes de asilo y migrantes en situación de vulnerabilidad. Las autoridades españolas aún no han detallado los procedimientos alternativos para aquellos que actualmente poseen este estatuto.