Abogados especializados advierten que la cogestión de empresas, es decir, la gestión compartida, que otorgue influencia decisoria al comprador antes de la aprobación de las autoridades de competencia de la Unión Europea, infringe las regulaciones europeas. Esta práctica vulnera la obligación de “standstill”, un periodo de suspensión de acciones que podría afectar la competencia en el mercado. La normativa europea exige que las empresas notifiquen cualquier operación de concentración a Bruselas para su aprobación. Cualquier cambio en la gestión o control de una empresa antes de esa aprobación podría ser considerado ilegal. Los expertos enfatizan la importancia de respetar este proceso para garantizar la libre competencia. La falta de cumplimiento podría acarrear sanciones significativas por parte de la Comisión Europea.