La líder del partido Eesti 200, Kristina Kallas, ha manifestado su desacuerdo con la actual coalición gubernamental. El punto de conflicto radica en la propuesta de hacer que las prestaciones familiares dependan del nivel de ingresos del beneficiario. Según Kallas, el partido no acepta que el gobierno retroceda en este objetivo de implementar ayudas condicionadas. Esta medida busca optimizar el gasto público y reducir la universalidad de los beneficios. De aplicarse la condicionalidad, el Estado podría ahorrar aproximadamente 100 millones de euros anuales. La postura de Eesti 200 subraya una tensión interna sobre la gestión fiscal y el bienestar social. El debate se centra ahora en la viabilidad de estos recortes dentro de la alianza de gobierno.