El Ministerio de Finanzas de Estonia ha determinado que los directivos de las empresas propiedad del Estado no estarán obligados a revelar sus intereses financieros. La decisión se basa en la valoración de que las preocupaciones sobre la privacidad de los individuos prevalecen sobre el beneficio público que podría derivarse de la transparencia financiera. Esta medida ha generado debate sobre la rendición de cuentas en el sector público estonio. El gobierno argumenta que la divulgación de información financiera personal podría exponer a los ejecutivos a riesgos innecesarios. La medida se aplica a todos los directivos de las empresas en las que el Estado tiene participación. No se han detallado los criterios específicos que llevaron a esta decisión, más allá de la protección de datos personales. La oposición ha criticado la medida, argumentando que podría fomentar la corrupción y la falta de transparencia.