El nuevo gobierno ha dado su aprobación a la extracción de recursos en reservas no convencionales, abriendo la puerta al fracking en España. Las compañías del sector energético ya están planificando exploraciones en diferentes áreas del país. Esta decisión revierte la moratoria anterior y reactiva el debate sobre los riesgos ambientales y económicos asociados a la fracturación hidráulica. Se espera que las primeras exploraciones se centren en zonas con potencial de gas de esquisto. El gobierno defiende la medida como una forma de aumentar la seguridad energética y reducir la dependencia de importaciones. Sin embargo, grupos ecologistas han manifestado su oposición, advirtiendo sobre posibles impactos negativos en el agua y el suelo. La implementación de estas exploraciones generará una intensa discusión pública y legal.