El Salvador ha impuesto condenas de 1,000 años de prisión a miembros de pandillas, marcando una medida drástica en la lucha contra el crimen organizado. Estas sentencias masivas son resultado de los juicios realizados tras la implementación del estado de excepción en el país. El gobierno salvadoreño busca reprimir a las pandillas, consideradas responsables de altos niveles de violencia y extorsión. Las condenas se basan en cargos relacionados con homicidio, terrorismo y pertenencia a organizaciones criminales. Críticos han expresado preocupaciones sobre el debido proceso y las garantías legales en estos juicios. La medida refleja el enfoque inflexible del gobierno en la seguridad pública y su determinación para controlar la actividad de las pandillas. Estas sentencias ejemplifican la política de "mano dura" implementada por el presidente Bukele.