La situación en Venezuela se complica ante la llegada de El Niño, fenómeno que exige una respuesta integral pero que se ve obstaculizada por la fragilidad de las instituciones del país. Esta debilidad institucional restringe el acceso a fuentes de financiamiento cruciales para la mitigación y adaptación a los efectos de El Niño. Como resultado, la responsabilidad de abordar la emergencia recae desproporcionadamente en las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil venezolana. La falta de recursos estatales dificulta la implementación de medidas preventivas y la asistencia a las comunidades más vulnerables. Esta situación subraya la necesidad urgente de fortalecer la capacidad institucional de Venezuela para hacer frente a los desafíos climáticos. El peso de la respuesta, ante la ausencia estatal, se concentra en actores no gubernamentales, demandando un esfuerzo adicional para proteger a la población de Venezuela.