Una crisis institucional se ha generado entre el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) debido a la firma de dos informes contradictorios por parte de Claudia Mabel Zanini Fernández, jefa de la oficina de asesoría jurídica del Ministerio. Los informes, emitidos en diferentes momentos bajo distintas administraciones, presentan conclusiones opuestas sobre un mismo tema. Esta situación ha escalado al Congreso de la República, que ahora ha derivado el caso al sistema judicial para su resolución. La controversia gira en torno a la validez y el impacto de estas evaluaciones divergentes en la política educativa. Se espera que la decisión judicial determine el camino a seguir y aclare las responsabilidades en este conflicto. El caso ha sido ampliamente cubierto por medios de comunicación como Lima Gris.