La Ministra de Educación de Perú solicitó la derogación de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, generando controversia en el país. Además de la derogación, la cartera educativa propuso la emisión de una directiva presidencial. El objetivo de esta directiva sería suspender cualquier nueva acción administrativa relacionada con la mencionada política. Esta solicitud indica un cambio de postura del gobierno actual respecto a la educación sexual integral en las escuelas peruanas. La medida ha provocado reacciones diversas de organizaciones sociales y políticas, preocupadas por el impacto en los derechos sexuales y reproductivos. Se espera un debate intenso sobre el futuro de la política educativa en el Perú.