El gobierno ecuatoriano movilizó a 13.000 militares a cuatro provincias del país en una operación destinada a combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad. El despliegue se centra en las rutas costeras clave para el narcotráfico. Esta acción se produce tras la declaración del presidente Daniel Noboa de una "guerra total" contra el crimen. Como parte de esta estrategia, se han otorgado indultos a las fuerzas del orden para ampliar sus facultades operativas. La medida busca contrarrestar la creciente violencia relacionada con el narcotráfico que afecta a Ecuador. El gobierno busca recuperar el control de las calles y de los centros penitenciarios, donde grupos criminales han ejercido un poder significativo. La operación representa una escalada en la respuesta del estado ecuatoriano a la crisis de seguridad.