La confianza en las inspecciones y reparaciones de edificios dañados por los recientes sismos está disminuyendo entre los ciudadanos afectados. Esta desconfianza se suma a interrogantes sobre la validez de las etiquetas que certifican la seguridad estructural. Ante esta situación, el gobierno ha establecido dos comisiones especiales para abordar las preocupaciones ciudadanas y garantizar la correcta evaluación y reparación de las estructuras. Se busca recuperar la confianza pública en el proceso de reconstrucción y asegurar la seguridad de los habitantes. La falta de claridad y la percepción de posibles irregularidades han avivado el escepticismo. Los ciudadanos demandan transparencia y rigurosidad en las revisiones técnicas. El gobierno se enfrenta al desafío de demostrar la efectividad de las medidas implementadas y restaurar la confianza en el sistema.