Varios legisladores actuales y antiguos han rechazado la autodenominación de la Vicepresidenta Sara Duterte como víctima, insistiendo en que debe asumir la responsabilidad por las denuncias de amenazas graves presentadas contra ella ante un tribunal de Quezon City. Los críticos argumentan que su posición no la exime de rendir cuentas ante la ley. Subrayan la importancia de que todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios de alto rango, sean tratados por igual ante la justicia en Filipinas. La controversia surge a raíz de las denuncias presentadas ante el tribunal de Quezon City, que involucran acusaciones de amenazas contra individuos. Los legisladores enfatizan que la búsqueda de la justicia debe prevalecer, independientemente del estatus o la afiliación política. La negativa de Duterte a asumir la responsabilidad ha generado críticas y llamados a una investigación exhaustiva. Se espera que el tribunal de Quezon City considere las denuncias y determine el curso de acción apropiado.