Un panel de la Cámara de Representantes filipina ha declarado ilegal la transferencia de 125 millones de pesos en fondos confidenciales. La investigación reveló que la vicepresidenta Sara Duterte ordenó la transferencia de los fondos a un funcionario sin la debida autoridad para recibirlos. Según el panel, la transferencia fue ilegal desde el principio debido a esta orden específica. La funcionaria Gina Acosta ejecutó la transferencia, pero la autorización original proviene de la vicepresidenta. Este hallazgo podría tener implicaciones legales y políticas significativas. El panel continúa investigando las circunstancias que rodearon la transferencia de fondos. El caso plantea interrogantes sobre el uso adecuado de los fondos públicos y la autoridad en la gestión de recursos confidenciales.