La Corte Penal Internacional (CPI) ha establecido las normas procesales para el juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes contra la humanidad. El proceso judicial está programado para comenzar el 30 de noviembre. Esta decisión marca un hito en la investigación de las controversiales políticas llevadas a cabo durante su presidencia, particularmente en relación con la guerra contra las drogas. Aunque Duterte no ha reconocido la jurisdicción de la CPI, la corte prosigue con los preparativos para el juicio. Se espera que el proceso examine las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos bajo su mandato. La CPI aún no ha detallado completamente el alcance específico de las reglas establecidas, pero confirma su intención de llevar a cabo un juicio justo y transparente. Este desarrollo podría tener importantes implicaciones políticas y legales tanto a nivel nacional como internacional.