Un examen de ADN ha confirmado que Bernarda Vera, reportada previamente como fallecida, está efectivamente viva. Este sorprendente hallazgo coincide con un debate político impulsado por el candidato José Antonio Kast, quien propone que las autoridades sean sometidas a pruebas de drogas obligatorias. Paralelamente, la fiscalía ha imputado a dos exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por la tardía activación de la alerta en el megaincendio que devastó la región, causando la muerte de 138 personas. La investigación apunta a posibles negligencias en la comunicación y respuesta inicial al siniestro. La confirmación de la vida de Vera añade una capa de complejidad a una situación ya marcada por la tragedia y la controversia. Las investigaciones sobre las causas del incendio y las responsabilidades de los funcionarios continúan en curso. Este caso reabre el debate sobre la gestión de emergencias y la necesidad de protocolos más eficientes.