El decreto 1346 de 2026 en Colombia ha sido objeto de confusión. Aclaraciones oficiales indican que dicho decreto se refiere exclusivamente al nombramiento de un funcionario público y no a la prohibición de protestas sociales. La protesta social está protegida como un derecho constitucional fundamental en Colombia. La información fue publicada originalmente por La Silla Vacía, buscando desmentir interpretaciones erróneas sobre el alcance del decreto. El decreto no restringe el ejercicio del derecho a la protesta ciudadana. Esta aclaración es importante para evitar confusiones y asegurar el correcto entendimiento de las normativas colombianas. Se enfatiza que las manifestaciones pacíficas siguen siendo un derecho amparado por la Constitución.