El Poder Judicial de Costa Rica enfrenta una crisis de saturación debido al volumen de demandasC cobros judiciales. Actualmente, el 64% de los expedientes en trámite corresponden a demandas por deudas, lo que ahS ahoga la capacidad operativa de los juzgados. Estas dependencias deben gestionar procesos complejos de embargos, notificaciones y remates de bienes. El problema se agrava porque muchas de estas deudas son impagables para los ciudadanos. Como consecuencia, los expedientes permanecen abiertos durante años sin resolverse. Mientras tanto, los intereses continúan acumulándose, empeorando la situación financiera de los demandados. Esta congestión procesal refleja una problemática sistémica en el manejo de la morosidad en el país.