El año pasado, las autoridades checas emitieron casi 4700 órdenes de expulsión administrativa para ciudadanos extranjeros. Sin embargo, solo 56 de estos individuos fueron efectivamente deportados. La mayoría de las personas que abandonaron el país tras recibir dichas órdenes lo hicieron de forma voluntaria. Un caso ilustrativo es el de carteristas a quienes se les impuso la pena de expulsión. No obstante, el estado no logró concretar la expulsión de un ciudadano libanés considerado una amenaza para la seguridad nacional. Esta disparidad entre órdenes emitidas y deportaciones efectivas plantea interrogantes sobre la implementación de las políticas migratorias en la República Checa.