El ministro de Cultura, Oto Klempíř, presenta al gobierno una versión revisada de la ley de medios públicos tras el rechazo generalizado de un borrador anterior. La propuesta original enfrentó críticas de múltiples ministerios y oficinas gubernamentales, lo que llevó a su retirada por parte de la coalición gobernante. Esta nueva versión omite la fase de consulta pública, presentándose directamente al gabinete para su consideración. Klempíř busca evitar la fragmentación y oposición que caracterizó el debate previo. La medida sugiere un intento de agilizar la aprobación de la legislación. Se desconoce el contenido específico de las modificaciones realizadas al texto original. La decisión de evitar el proceso de consulta ha generado debate sobre la transparencia del proceso legislativo.