El proyecto de Ley de Ciberdelitos 2026 establece sanciones severas para los proveedores de servicios que incumplan la normativa. Las multas económicas podrían alcanzar el millón de ringgits malayos, además de la posibilidad de enfrentar penas de prisión. Esta legislación busca fortalecer la lucha contra la criminalidad digital mediante un marco legal más riguroso. Una de las medidas principales permitirá a los fiscales acceder a datos de tráfico de internet durante las investigaciones. Asimismo, las autoridades podrán obtener el contenido de las comunicaciones si se considera relevante para el caso. El objetivo es agilizar la recolección de pruebas digitales en procesos judiciales. Esta medida representa un cambio significativo en la supervisión de los servicios de comunicación.