Un juzgado en Perú ordenó la suspensión por un año de diez altos funcionarios de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales. Esta medida es resultado de una investigación en curso por parte de la Fiscalía, que apunta a presuntas irregularidades en la administración de la asociación. Las acusaciones se centran en la posible mala gestión de créditos, la ejecución de obras y las adquisiciones realizadas por la entidad. La investigación busca determinar si hubo actos de corrupción o fraude en el manejo de los fondos de la asociación solidarista. Los funcionarios separados no podrán ejercer sus cargos durante el período de un año mientras se lleva a cabo la investigación. La Fiscalía continuará recopilando pruebas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Este caso ha generado preocupación en el ámbito judicial de Perú.