El presidente de la Sala Constitucional ha denunciado públicamente la negativa de la Asamblea Legislativa a nombrar magistrados suplentes. Esta decisión, según el magistrado, vulnera los derechos de la ciudadanía al impedir el correcto funcionamiento del Poder Judicial. La falta de suplentes podría generar inestabilidad y retrasos en la administración de justicia. La Sala Constitucional considera que la acción de los diputados representa un obstáculo para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso. Se argumenta que el nombramiento de los magistrados suplentes es una obligación legal y constitucional. La situación ha generado preocupación en el ámbito jurídico y político del país. La Sala Constitucional insta a los diputados a reconsiderar su postura y cumplir con sus responsabilidades constitucionales.