Un juez federal ha emitido una orden judicial que impide la creación del “Fondo Antiarma de la Politización” propuesto por la administración anterior, dotado con $1.800 millones. La medida detiene temporalmente la implementación de esta iniciativa, cuyo objetivo declarado era investigar y contrarrestar lo que se consideraba una politización indebida dentro del gobierno. La administración argumentaba que el fondo era necesario para garantizar la integridad de las instituciones federales. Sin embargo, críticos alegaron que el fondo podría ser utilizado para fines partidistas y para socavar investigaciones legítimas. La decisión judicial representa un revés significativo para los esfuerzos de la administración anterior en esta área. Se espera que el caso continúe en los tribunales.