La empresa vinculada a Boris Marchegiani, recientemente nombrado embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, mantiene una deuda de 8,3 millones de dólares con el Banco Nacional de Costa Rica. Esta deuda, contraída hace 12 años, no ha sido saldada. La compañía se ha protegido de las reclamaciones del banco mediante un recurso legal, evitando así el pago. La situación ha generado cuestionamientos sobre la idoneidad del embajador, considerando sus vínculos con la empresa deudora. El Banco Nacional ha intentado recuperar el crédito sin éxito durante más de una década. La existencia de este "escudo judicial" ha sido objeto de controversia y análisis en medios locales. Las autoridades competentes aún no se han pronunciado oficialmente sobre el caso.