Costa Rica enfrenta una emergencia en su infraestructura educativa, con 879 centros educativos bajo órdenes sanitarias y 108 en riesgo crítico. La situación plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de estudiantes y personal docente. Expertos y autoridades coinciden en la necesidad de una priorización urgente de recursos destinados a la mejora de las instalaciones escolares. Se demanda una gestión más eficiente de los proyectos y el establecimiento de metas claras para abordar esta problemática. La falta de inversión continua pone en peligro la calidad de la educación y el bienestar de la comunidad estudiantil. Ignorar esta situación ya no es una opción viable para el país. Es imperativo actuar ahora para garantizar entornos de aprendizaje seguros y adecuados.