La Sala Constitucional de Costa Rica ha recibido múltiples acciones legales en respuesta al decreto emitido por Laura Fernández que declara información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), una fuerza de élite, y los presupuestos de seguridad como secreto de Estado. Específicamente, se presentaron dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad. Los recurrentes buscan cuestionar la legalidad de esta medida, argumentando que podría afectar la transparencia y el acceso a la información pública. La decisión de Fernández ha generado debate sobre los límites del secreto estatal y el derecho ciudadano a la información. La Sala Constitucional ahora deberá analizar los argumentos presentados y determinar si el decreto es constitucional. Este caso plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la rendición de cuentas gubernamental.