Rocío Alfaro Molina ha denunciado públicamente que el Consejo de Gobierno no cumplió con el plazo establecido por la Sala Constitucional para su nombramiento. La Sala Constitucional había otorgado ocho días para tramitar el nombramiento de Alfaro como representante sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Según Alfaro, dicho plazo expiró sin que se concretara su designación. Esta situación genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el respeto a los derechos de los trabajadores. La denunciante considera que el Gobierno ha mostrado una falta de voluntad política al no atender la orden de la Sala Constitucional. Se espera que este caso continúe generando debate sobre la autonomía de los sindicatos y la eficiencia de la administración pública en Costa Rica. La CCSS sigue siendo una institución clave en la provisión de servicios de salud en Costa Rica.