El gobierno ha presentado un conjunto de proyectos de ley enfocados en la seguridad ciudadana, abordando una preocupación central para la población. Si bien se reconoce el valor de proponer soluciones tangibles, la Asamblea Legislativa enfrenta el desafío de subsanar las deficiencias constitucionales presentes en los proyectos. Es crucial que las leyes resultantes sean efectivas y perdurables en el tiempo, permitiendo el combate del crimen organizado. Sin embargo, esta lucha debe llevarse a cabo respetando y fortaleciendo el Estado de derecho. La enmienda constitucional se presenta como un paso indispensable para garantizar la legalidad y la legitimidad de las nuevas normativas. Se espera que los diputados prioricen esta revisión, buscando un equilibrio entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos fundamentales. Un fallo en esta tarea podría comprometer la eficacia y la sostenibilidad de las medidas implementadas.