En Costa Rica, una moción presentada por la diputada Ángela Aguilar del Partido Liberación Nacional (PLN) para liberar ¢29.000 millones destinados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público para el año 2027 fue rechazada por el Partido Social Cristiano (PPSO). Esta decisión implica el mantenimiento de un congelamiento presupuestario que podría afectar la capacidad de estas instituciones para llevar a cabo investigaciones criminales de manera efectiva. La moción buscaba eliminar una norma presupuestaria específica que establecía esta restricción financiera. El rechazo por parte del PPSO ha generado preocupación sobre las implicaciones para la seguridad pública y el sistema de justicia en Costa Rica. La falta de recursos podría obstaculizar el trabajo del OIJ en la investigación de delitos y del Ministerio Público en la persecución penal. Este bloqueo presupuestario se configura como un punto de tensión entre las diferentes fuerzas políticas del país.