Costa Rica busca fortalecer su legislación para enfrentar el crimen organizado, una amenaza creciente para la seguridad nacional. Un proyecto de ley propuesto pretende combatir las “asociaciones criminales”, ofreciendo herramientas que se consideran necesarias para contrarrestar esta problemática. Sin embargo, expertos advierten sobre el riesgo de una redacción demasiado amplia que podría afectar derechos fundamentales y generar interpretaciones subjetivas. Se requiere una revisión cuidadosa para evitar la criminalización de conductas que no necesariamente constituyen una amenaza real. El debate se centra en encontrar un equilibrio entre la necesidad de seguridad y la protección de las libertades individuales. La calibración del proyecto es crucial para asegurar su efectividad y evitar consecuencias no deseadas. Se espera que el análisis legislativo profundice en estos aspectos antes de su aprobación final.