El gobierno de Costa Rica renunció a un crédito de 30 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial, destinado a la modernización de su sistema de Hacienda Digital. El acuerdo, firmado inicialmente en marzo de 2020, buscaba fortalecer la gestión financiera pública del país. Las razones oficiales de la decisión no fueron detalladas en el informe del Banco Mundial, generando interrogantes sobre las prioridades del gobierno actual. Este financiamiento habría permitido implementar nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos. La renuncia al crédito implica la pérdida de una oportunidad para agilizar procesos y aumentar la transparencia en las finanzas estatales. Analistas sugieren que la decisión podría estar relacionada con cambios en las políticas fiscales o la búsqueda de otras fuentes de financiamiento. El Banco Mundial confirmó la solicitud formal de desistimiento por parte de las autoridades costarricenses.