El Tribunal Constitucional de Portugal dictaminó por unanimidad que la Ley de Retorno no es inconstitucional. Esta decisión surge tras una solicitud del Presidente de la República, António José Seguro, quien planteó dudas sobre la compatibilidad de la ley con la Constitución en julio pasado. El tribunal evaluó el decreto y concluyó que no presenta ninguna incompatibilidad con la carta magna. La Ley de Retorno permite a ciudadanos portugueses, o descendientes, solicitar la nacionalidad portuguesa bajo ciertas condiciones. La validación judicial allana el camino para su plena implementación y aplicación. La decisión del Tribunal Constitucional pone fin a la incertidumbre legal que rodeaba a la ley y asegura su validez jurídica.