El gobierno ha ordenado la formación de un comité para investigar si se están cumpliendo las normas relativas al uso de la bandera nacional. El comité estará compuesto por un funcionario judicial, un profesor de una universidad pública y un representante del Ministerio del Gabinete. Se les ha encomendado la tarea de presentar un informe detallado dentro de un plazo de sesenta días. La decisión surge ante interrogantes sobre el respeto a los protocolos establecidos para exhibir y manejar la bandera. El objetivo de la investigación es asegurar la correcta observancia de las regulaciones vigentes. Se espera que el informe del comité contribuya a clarificar cualquier ambigüedad y reforzar el cumplimiento de las normas patrióticas. Esta medida subraya la importancia que el gobierno otorga al símbolo nacional.