La Corte Constitucional de Colombia declaró exequible el estado de emergencia económica decretado tras la reciente ola invernal, pero con importantes limitaciones. El tribunal tumbó las disposiciones relacionadas con la crisis financiera de las empresas de energía, así como las facultades extraordinarias otorgadas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en procesos de deslinde. Esta decisión implica que el gobierno deberá buscar otras vías para abordar las dificultades financieras del sector energético y los problemas de regularización de tierras. La Corte consideró que estas medidas vulneraban principios constitucionales. A pesar de las restricciones, el estado de emergencia en general permanece vigente, permitiendo al gobierno actuar frente a los efectos de la ola invernal en otras áreas. La decisión judicial subraya la necesidad de un equilibrio entre la acción gubernamental y el respeto a los derechos fundamentales.