La reciente tragedia del 10 de agosto en Colombia ha revelado una falla crítica en el sistema de vivienda. A pesar de una sólida jurisprudencia constitucional que reconoce el derecho a una vivienda digna, las regulaciones que supervisan a los constructores y vendedores de inmuebles datan de hace más de 50 años. Esta obsolescencia normativa dificulta garantizar la seguridad y calidad de las construcciones, poniendo en riesgo a los ciudadanos. La reconstrucción de Colombia, tanto física como social, requiere una modernización urgente de estas reglas. Es imperativo actualizar la inspección, vigilancia y control del sector para evitar futuras catástrofes. La situación expone la necesidad de una revisión profunda de las políticas públicas de vivienda del país para asegurar el acceso a viviendas seguras y dignas para todos los colombianos. Este debate se ha intensificado tras el colapso del edificio en Medellín.